La Contraloría General de la República reiteró este martes que la Nueva EPS mantiene pendientes de legalizar $15,3 billones en anticipos a corte del 30 de junio de 2025. El organismo de control alertó que la entidad no cumple con los atributos mínimos de calidad y seguridad en sus sistemas de información, lo que impide garantizar trazabilidad y transparencia en el uso de los recursos de la salud.
En el marco de sus investigaciones, la Contraloría evidenció un incumplimiento sistemático del Decreto 441 de 2022, que regula la contratación en el sistema de salud. Según el informe, la ausencia de notas técnicas, la falta de soportes documentales, la omisión en la definición de modalidades de pago y la no identificación de la población objetivo constituyen irregularidades graves que abren la puerta a riesgos como doble pago, sobreutilización de servicios y desvío de recursos públicos.
El ente de control también advirtió que la Nueva EPS giró anticipos a IPS bajo la modalidad de “pago por evento”, pese a que esta figura exige que los giros se realicen después de la prestación del servicio. A esto se suma la falta de auditoría a 13,7 millones de facturas, por un valor de $13,2 billones, lo que representa un alto riesgo de pérdida de recursos estatales derivados de glosas u objeciones que pudieron quedar en firme y terminar siendo asumidas por la EPS.
Finalmente, la Contraloría señaló inconsistencias entre la información de ingresos y giros reportada por la Nueva EPS y la que reposa en fuentes oficiales como la ADRES. El organismo aseguró que continuará con las actuaciones de vigilancia y control fiscal para establecer el daño patrimonial y los presuntos responsables, además de requerir información a los distintos actores del sistema de salud y, de ser necesario, acudir a sus facultades de policía judicial.
