La visita busca evaluar el cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017, nueve años después de su expedición, con especial atención al acceso al agua, alimentación, salud y participación comunitaria.
La Corte Constitucional adelanta una visita de seguimiento en La Guajira para verificar el cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017, que ordenó adoptar medidas para garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y familias del pueblo Wayúu. La inspección se concentra en aspectos como el acceso al agua, la alimentación, la atención en salud y la participación de las comunidades.
Ruth Chaparro, presidenta de la veeduría ciudadana para la implementación de la sentencia, destacó la importancia del seguimiento judicial y reconoció que se han registrado avances, inversiones y programas estatales. Sin embargo, advirtió que todavía persisten grandes desafíos para superar la crisis humanitaria que afecta a las comunidades Wayúu y pidió que los avances alcanzados no sufran retrocesos con el cambio de Gobierno.
Durante la visita, los magistrados recorren diferentes puntos del departamento para contrastar los informes oficiales con las condiciones que viven las comunidades en los territorios. La veeduría considera que algunos resultados pueden quedar reflejados en documentos y reportes institucionales sin que necesariamente representen una garantía efectiva de los derechos fundamentales de la población.
Nueve años de la sentencia
La visita se desarrolla cuando se cumplen nueve años de la sentencia T-302, por lo que se convierte en un nuevo escenario para evaluar los resultados de las medidas adoptadas y establecer los principales retos pendientes. La Corte deberá determinar el nivel de cumplimiento de las órdenes y las acciones que aún se requieren para garantizar los derechos de las comunidades Wayúu, especialmente de los niños y sus familias.
