La exjefa de Gabinete fue imputada por abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso, por hechos relacionados con la prueba practicada a su exniñera.
La exjefa de Gabinete del Gobierno de Gustavo Petro, Laura Sarabia, manifestó ante la juez primera Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá que no acepta los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación por las presuntas irregularidades relacionadas con la prueba de polígrafo practicada a su exniñera, Marelbys Meza. La decisión fue expresada durante la audiencia de imputación, en la que el ente acusador expuso los hechos que sustentan su investigación.
La fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gloria Marcela Abadía Cubillos, imputó a Sarabia los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso. Según la Fiscalía, la entonces funcionaria habría ordenado al coronel Carlos Alberto Feria practicarle el polígrafo a Meza, luego de la pérdida de un maletín con dinero, utilizando para ello equipos de la Presidencia de la República destinados a labores específicas de seguridad.
Durante la audiencia, la fiscal sostuvo que Sarabia habría excedido las funciones propias de su cargo al disponer la utilización de equipos estatales para atender un asunto de carácter personal. De acuerdo con la acusación, el 29 de enero de 2023 la exjefa de Gabinete se comunicó con Feria y le habría ordenado practicar la prueba a Meza. Al día siguiente, la exniñera fue trasladada a unas oficinas del DAPRE, donde permaneció entre tres y cuatro horas mientras se realizaba el examen, cuyo contenido estuvo enfocado en la pérdida del dinero.
La Fiscalía también argumentó que Sarabia, por su formación académica y experiencia en el sector público, conocía los límites de sus funciones y las finalidades para las cuales estaban destinados los equipos de poligrafía. La fiscal Abadía Cubillos afirmó que a la exfuncionaria le era exigible un comportamiento conforme a la ley y que su actuación habría afectado tanto la administración pública como la autonomía personal de Meza. Al cierre de la imputación, la funcionaria judicial cuestionó que se utilizaran recursos estatales para resolver un asunto privado, mientras Sarabia reiteró ante la juez que no acepta los cargos.
