La plenaria completó la discusión de los puntos pendientes del proyecto impulsado por el gobierno de Gustavo Petro. Ahora, la Corte Constitucional deberá evaluar si se cumplió su orden y decidir sobre el futuro de la reforma.
La plenaria de la Cámara de Representantes negó las 10 proposiciones relacionadas con la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro, luego de que la Corte Constitucional ordenara repetir la discusión de nueve artículos específicos y una propuesta adicional. Con esta decisión, el Congreso buscó subsanar los aspectos del trámite legislativo señalados por el alto tribunal, sin introducir modificaciones al articulado aprobado previamente por el Senado.
El debate comenzó el martes 27 de octubre y se extendió hasta las horas de la noche. Durante esa primera sesión, los representantes discutieron tres de las proposiciones requeridas, relacionadas con el inciso 4 del artículo 11, el artículo 14 y el literal K del artículo 19. Estas propuestas, presentadas entre otros por el excongresista Antonio Zabaraín, fueron sometidas a consideración de la plenaria y finalmente negadas, al igual que las restantes iniciativas incluidas en la discusión.
El presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, aseguró que la corporación cumplió las instrucciones impartidas por la Corte Constitucional. “Todos los puntos ordenados por la Corte fueron cumplidos. Como las proposiciones fueron negadas y no se introdujeron cambios al articulado, no hay lugar a conciliación”, afirmó. De esta manera, al no registrarse modificaciones en el texto aprobado, no sería necesario adelantar una conciliación con la versión tramitada por el Senado.
Ahora, la Cámara deberá remitir a la Corte Constitucional las actas y los documentos que acrediten el desarrollo de la discusión, para que los magistrados evalúen el cumplimiento de la orden judicial. La decisión final sobre la reforma pensional queda, por tanto, en manos del alto tribunal, que deberá determinar si el procedimiento legislativo fue subsanado conforme a lo dispuesto en su fallo. El pronunciamiento será clave para establecer el futuro de una de las principales iniciativas sociales del Gobierno nacional.
