El ministro Edwin Palma anunció avances en liquidez para las empresas, revisión de subsidios y un plan de choque para fortalecer la seguridad energética.
En el marco de la XXI Jornada de Distribución de Energía Eléctrica de Asocodis, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, anunció que el Gobierno Nacional ya puso en marcha la cesión de derechos de subsidios, un mecanismo que está devolviendo liquidez a las empresas del sector y ayudando a estabilizar el flujo financiero del sistema eléctrico. A la fecha, se han realizado desembolsos por cerca de 300.000 millones de pesos y ya existen propuestas que superan el tope de 600.000 millones permitido bajo este esquema.
El ministro confirmó que a comienzos de 2026 se realizará un gran desembolso de subsidios con recursos del Presupuesto General de la Nación, lo que consolidará la recuperación financiera del sistema y fortalecerá la continuidad del servicio. Además, el Gobierno revisará la propuesta de Asocodis para que la reducción de subsidios se enfoque según el consumo, garantizando que los estratos más vulnerables mantengan los beneficios. “No vamos a quitar subsidios a quienes los necesitan, pero debemos evitar que personas con capacidad de pago sigan recibiéndolos”, señaló Palma.
En materia de seguridad energética, el ministro anunció que la próxima semana se presentará un plan de choque para garantizar gas a precios razonables. También confirmó avances estructurales en la transición energética: 2,4 gigavatios están listos para conexión en la Costa Caribe y 5,8 gigavatios adicionales serán reasignados a proyectos realistas. Asimismo, advirtió que las obras de expansión no se detendrán y que, si los operadores de red no las ejecutan, el Gobierno las llevará a subasta, especialmente en la región Caribe.
Sobre la situación de Air-e, Palma fue enfático: “Seguiré tomando decisiones políticas para garantizar el servicio en la Costa Caribe. El problema no es solo regional, es nacional”. También aseguró que el Gobierno continuará participando activamente en la discusión regulatoria de la CREG, revisando metodologías y alternativas como la titularización de la opción tarifaria. “Todas las puertas y voluntades están abiertas. No haremos nada que agrave la situación de las empresas ni del sistema eléctrico”, concluyó.
