Colombia

Gobierno endurece controles y anuncia ley para penalizar el fentanilo en Colombia

El Ejecutivo busca evitar que el país se convierta en productor o corredor de esta droga sintética, que causa miles de muertes en Norteamérica.

El Gobierno nacional avanzó en una ofensiva regulatoria para impedir que Colombia se convierta en centro de producción o tránsito del fentanilo, una droga sintética responsable de miles de muertes en Estados Unidos y Asia. Durante una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Estupefacientes, se acordó reforzar la vigilancia química y radicar un proyecto de ley que castigue penalmente su tráfico en todas las etapas.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que la próxima semana se presentará una iniciativa legislativa que penaliza la fabricación, porte, distribución, almacenamiento, ingreso y exportación del fentanilo. “Vamos a radicar un proyecto de ley para penalizar el fentanilo y todos los eslabones de su circulación en el país”, afirmó. El Gobierno insiste en que esta sustancia —asociada a más de 48.000 muertes en EE. UU. en 2024— no puede ingresar a la cadena criminal dentro del territorio colombiano.

Como parte de las medidas, se amplió la lista de sustancias controladas incluyendo el cloruro de bencilo, completando los precursores identificados por la DEA para la fabricación de drogas sintéticas. Además, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, anunció una supervisión rigurosa sobre seis compuestos de uso industrial y hospitalario que podrían desviarse hacia laboratorios ilegales. “No vamos a permitir que se instalen cocinas de fentanilo en Colombia ni que el país sea corredor del crimen internacional”, advirtió.

El Gobierno subraya que estas decisiones buscan reafirmar la postura del presidente Gustavo Petro frente a las drogas sintéticas y enviar un mensaje claro a Estados Unidos y la comunidad internacional. “Queremos dejar claro que Colombia no será punto de fabricación ni puente para exportar fentanilo”, manifestó Benedetti, en medio del impacto político generado por su reciente inclusión en la lista Ofac.

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