La Comisión de Concertación avanza en un debate técnico y sin tensiones; Gobierno presentará escenarios para buscar un acuerdo tripartito.
Después de una jornada de más de seis horas y media, la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales avanzó este martes 9 de diciembre en la discusión sobre el incremento del salario mínimo que regirá en Colombia a partir del 1 de enero de 2026. Según el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, los representantes de los trabajadores y los gremios empresariales presentaron oficialmente sus propuestas, ambas basadas en supuestos macroeconómicos como productividad, inflación causada y esperada, y el impacto del costo de vida en sectores esenciales como educación, salud, vivienda y servicios públicos.
Las centrales obreras propusieron un incremento del 16 % tanto para el salario mínimo como para el auxilio de transporte, lo que representa un aumento total de $227.760. Por su parte, los empresarios plantearon un ajuste del 7,21 %, igualmente aplicable a ambos componentes, correspondiente a un aumento de $102.634. El ministro Sanguino destacó que el debate se desarrolló sin tensiones, señalando que este ambiente representa “una señal positiva en un país acostumbrado a debates de alto volumen”.
La Comisión retomará el debate el próximo jueves 11 de diciembre a las 8:00 a. m., cuando el Gobierno presentará escenarios para acercar las posiciones y avanzar hacia un consenso. De acuerdo con Sanguino, el objetivo es alcanzar un acuerdo tripartito, tal como lo establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para anunciar de manera concertada el incremento salarial que regirá en 2026. Habrá sesiones de concertación hasta el 15 de diciembre y, de no lograrse un acuerdo, el Gobierno podrá fijar el aumento mediante decreto.
En el marco de la negociación, el Gobierno confirmó que también avanza la discusión sobre la desindexación de ciertos gastos que impactan el costo de vida. La propuesta oficial contempla desindexar los costos asociados a la vivienda de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP). Las centrales sindicales han solicitado extender la medida a los servicios públicos, especialmente al agua potable, un rubro que según cifras recientes del DANE ha tenido un impacto significativo en la inflación.
