La Defensoría del Pueblo presentó la Alerta Temprana Especial Electoral 2025–2026, con la que advierte sobre posibles riesgos para los derechos civiles y políticos antes, durante y después de las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año. El organismo busca garantizar el ejercicio libre y seguro de la participación democrática en todo el territorio nacional.
El informe identifica 62 municipios que requieren acción inmediata, 162 con acción urgente, 425 con acción prioritaria y 216 bajo observación permanente, por posibles afectaciones a la seguridad de los votantes, candidatos y líderes sociales. Además, documenta vulneraciones a derechos fundamentales e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en diferentes regiones del país.
La Defensoría formuló 20 recomendaciones dirigidas a entidades del Estado como el Ministerio del Interior, la Fuerza Pública, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Registraduría Nacional, el Consejo Nacional Electoral y los órganos de control, con el propósito de fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta ante eventuales riesgos electorales.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, hizo un llamado especial para proteger a candidatos, líderes sociales, periodistas, mujeres, jóvenes, población LGBTIQ+ y firmantes de paz, reiterando que esta alerta tiene un carácter preventivo y no partidista, orientado a fortalecer la democracia y proteger a la ciudadanía en el marco de las próximas elecciones.
