El presidente colombiano rechazó la propuesta de “acuerdo nacional” del grupo guerrillero y puso como requisitos el abandono de economías ilícitas y el fin del reclutamiento de menores.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió este lunes a la carta difundida por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la que proponían un “acuerdo nacional” para abordar la crisis social y política del país. A través de sus redes sociales, Petro afirmó que en el pasado el ELN “destruyó a sangre y fuego” un acuerdo ofrecido por el Gobierno, provocando incluso la muerte de campesinos, y recalcó que no es posible avanzar hacia negociaciones sin cambios sustanciales en el comportamiento del grupo armado.
El mandatario subrayó que la reciente violencia en zonas de conflicto, atribuida al control de cultivos ilícitos y del oro ilegal, demuestra la dificultad de avanzar sin condiciones claras. Petro estableció que ninguna negociación puede adelantarse sin el abandono de la actividad económica ilícita y el fin del reclutamiento infantil, además de la devolución de menores que se encuentren bajo el control del grupo.
Petro advirtió que las comunidades afectadas por la violencia deben recuperar su libertad y ser protagonistas en la transformación de sus territorios, y criticó al Ministerio de Transporte por incumplir compromisos aunque prometió priorizar obras viales estratégicas para conectar regiones productivas como Popayán, Pasto y el Catatumbo con mercados nacionales.
En la dimensión internacional, el presidente señaló que una próxima reunión con Venezuela debe enfocarse en el desarrollo de una zona económica especial para el Norte de Santander y el Táchira y advirtió que, si el ELN no abandona el apoyo desde el territorio venezolano y no se une de verdad a la paz, el Gobierno implementará acciones conjuntas con Caracas de carácter militar.
En materia de justicia, Petro instó a la Fiscalía de la Nación a aplicar la ley contra crímenes graves y abrió la posibilidad de ampliar la jurisdicción de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) mediante una ley del Congreso o incluso a través de una Asamblea Nacional Constituyente, si el pueblo colombiano así lo decide, con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos fundamentales.
