El acuerdo permitiría iniciar los primeros pagos en septiembre, luego de la tragedia ocurrida en noviembre de 2024 que dejó una mujer fallecida y varias personas heridas.
El Distrito de Barranquilla y los propietarios de los apartamentos de las torres 3, 4 y 5 del conjunto residencial Privilegios habrían alcanzado un acuerdo para la compra de los 51 inmuebles, según confirmó el abogado Roberto Tapia, representante de las comunidades afectadas. La negociación se produce después del colapso de una de las torres del conjunto, ocurrido en noviembre de 2024, emergencia que dejó una mujer fallecida y varias personas heridas.
Tapia explicó que actualmente se espera una reunión con el Tribunal Administrativo del Atlántico, que deberá pronunciarse sobre el acuerdo en cumplimiento de una sentencia emitida en abril de 2026. El abogado señaló que, una vez superadas las respectivas limitaciones, alrededor de 34 o 35 propietarios podrían comenzar a recibir los pagos, y manifestó su expectativa de que durante septiembre los afectados puedan disponer de los recursos para adquirir una nueva vivienda o establecerse en otro lugar.
El abogado también planteó una alternativa para los conjuntos residenciales Colina Campestre 1 y 2, donde una sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico ordenó la demolición de los 345 apartamentos, el pago de subsidios durante el proceso y la posterior reconstrucción de las viviendas en condiciones iguales o superiores. Tapia propuso que el Distrito compre directamente estos inmuebles por 80.000 millones de pesos, al considerar que esta opción sería menos costosa que ejecutar la sentencia, cuyo cumplimiento en un periodo estimado de 90 meses podría alcanzar los 230.000 millones de pesos, incluyendo arriendos, adquisición del terreno y construcción.
Por su parte, la Alcaldía de Barranquilla confirmó el acuerdo relacionado con Privilegios. Frente a la situación de los demás conjuntos residenciales del sector, el Distrito informó que adelanta una caracterización y un análisis integral para determinar alternativas técnica, jurídica y administrativamente viables que permitan avanzar hacia soluciones definitivas para las comunidades afectadas.
