Fiscalía, Judicatura, JEP, Medicina Legal y Defensoría del Pueblo señalaron ante el Senado que las partidas previstas para 2027 dejarían importantes faltantes para funcionamiento, seguridad y atención a víctimas.
Las principales entidades del sector judicial prendieron las alarmas ante la Comisión Primera del Senado por los recursos contemplados en el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027. Durante una sesión en la que se revisaron las partidas para el próximo año, varios funcionarios advirtieron que las asignaciones previstas serían insuficientes para cubrir las necesidades de funcionamiento, inversión y atención a la ciudadanía.
La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, informó que a la Fiscalía se le asignaron $7,06 billones, frente a una solicitud superior que deja un déficit de $1,49 billones. La mayor preocupación está en los gastos de funcionamiento: la entidad requiere $7,7 billones, pero el proyecto contempla cerca de $6,6 billones. Según Camargo, con esos recursos la Fiscalía podría cubrir sus necesidades durante aproximadamente la mitad del año. El faltante impactaría gastos como servicios públicos, combustible, viáticos, arrendamientos, seguros y recursos reservados para programas de protección.
La alerta también fue planteada por otras entidades. La presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Mary Lucero Novoa, señaló que fueron solicitados $17,5 billones, pero el proyecto contempla $11,4 billones. En la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli indicó que la jurisdicción pidió $947.000 millones y recibió una asignación proyectada de $821.000 millones, con un faltante especialmente sensible en los $84.000 millones requeridos para garantizar la representación de víctimas y comparecientes, además de recursos de seguridad. Medicina Legal reportó, por su parte, un déficit del 18,8 % frente a sus necesidades presupuestales.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, también cuestionó que la asignación prevista para el Ministerio Público no refleje adecuadamente el impacto de la inflación. Para este sector se contemplan $1,3 billones. Ante el panorama expuesto durante la sesión, las entidades pidieron a la Comisión Primera del Senado revisar las partidas del PGN 2027 y evaluar posibles ajustes que permitan garantizar su funcionamiento, los programas de inversión, la atención a las víctimas y las demás obligaciones que deberán asumir durante el próximo año.
