Auditorías realizadas en 32 entidades territoriales evidenciaron presuntas irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar, principalmente por fallas contractuales y sobrecostos.
La Contraloría General de la República identificó hallazgos fiscales por $39.139 millones en los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), correspondientes a la vigencia 2025. Los resultados se conocieron tras 32 auditorías de cumplimiento realizadas durante 2026 en igual número de entidades territoriales certificadas del país, mediante las cuales se determinaron 84 hallazgos administrativos, de los cuales 71 tienen presunta incidencia disciplinaria, uno presunta incidencia penal y cinco fueron remitidos para indagación preliminar.
De acuerdo con el organismo de control, 41 de los hallazgos tienen incidencia fiscal y están relacionados principalmente con deficiencias en la ejecución contractual, que representan el 60 % de las irregularidades identificadas. Estas corresponden a debilidades en la planeación, el manejo de la información, la supervisión y el control de los contratos. Asimismo, el 30 % está asociado a sobrecostos en los pagos de manipuladoras de alimentos y en las raciones alimentarias, mientras que el 10 % restante corresponde a mayores valores pagados.
La Contraloría manifestó su preocupación por la reiteración de estas situaciones, al considerar que los sobrecostos, las deficiencias y los incumplimientos comprometen recursos públicos destinados a garantizar la alimentación de niños, niñas y adolescentes en sus entornos educativos. El organismo recordó que estas irregularidades se presentan en un contexto en el que el país todavía no alcanza la cobertura universal del programa, por lo que insistió en la importancia de garantizar el uso adecuado de los recursos asignados.
Según la información oficial del PAE, la cobertura nacional para 2026 se ubica en el 87 %, lo que significa que cerca de un millón de estudiantes aún no reciben alimentación escolar en sus instituciones educativas. Ante este panorama, los resultados de las auditorías ponen nuevamente en evidencia los retos que enfrentan las entidades territoriales en materia de contratación, supervisión y ejecución de los recursos destinados a este programa social.
