El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo en Orlando, Florida, al exparamilitar colombiano Guillermo Pérez Alzate, conocido como alias ‘Pablo Sevillano’. Pérez había sido extraditado en 2008 junto con otros 13 jefes paramilitares y cumplió una condena de 17 años por narcotráfico, tras reconocer que enviaba cocaína a Estados Unidos para financiar actividades armadas y que estuvo involucrado en al menos 29 homicidios.
Aunque desde 2016 tenía una orden de deportación pendiente, esta había sido aplazada cada año gracias a dos factores: su buena conducta tras recuperar la libertad —montó una panadería en Orlando y se mantuvo dentro de la ley— y la protección otorgada bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT), que le evitaba ser enviado a Colombia ante el riesgo de muerte.
La detención de Pérez Alzate no se debe a una falta cometida en Estados Unidos, sino a un cambio en la política migratoria bajo la administración Trump. El gobierno estadounidense revisa actualmente los casos de extranjeros protegidos por la CAT y evalúa deportarlos si considera que el riesgo en sus países de origen ha disminuido, o incluso enviarlos a terceros países que los acepten.
En la misma situación se encuentran otros exnarcotraficantes colombianos como Luis Enrique Calle Serna, alias ‘Comba’; Miguel Ángel Mejía Múnera, alias ‘El Mellizo’; Juan Carlos Sierra, alias ‘El Tuso’; y Carlos Mario Aguilar, alias ‘Rogelio’. Todos podrían enfrentar procesos de deportación en cualquier momento, lo que pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre el futuro de estos antiguos jefes criminales y el impacto que tendría su eventual retorno a Colombia.
