El Consejo de Estado admitió para estudio la primera demanda presentada contra el incremento del 23 % del salario mínimo para 2026, decretado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. La acción judicial fue interpuesta por el ciudadano Germán Eduardo Castro Marín contra el Estado, representado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio del Trabajo.
En su pronunciamiento, el alto tribunal señaló que, tras revisar el recurso, este cumple con los requisitos legales exigidos. “Una vez revisada la demanda, de conformidad con lo establecido en los artículos 162 al 167 del CPACA, se concluye que el escrito cumple con todos los requisitos legales para su admisión”, indicó el Consejo de Estado.
La demanda solicita la nulidad del artículo 1° del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno fijó el salario mínimo mensual legal para el año 2026, argumentando presuntas irregularidades en el proceso y en los criterios utilizados para definir el incremento.
Desde otros sectores también se han presentado acciones similares. La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) cuestionó la decisión del Ejecutivo, señalando que se “desconoció” el marco legal y constitucional vigente. Su presidente, Jaime Alberto Cabal, afirmó que el Gobierno aplicó criterios no contemplados en la ley y sustituyó las variables obligatorias para la fijación del salario mínimo, además de desconocer la competencia exclusiva del DANE en la certificación de la canasta del IPC y la medición de la inflación.
