El exdirector del Dapre fue declarado responsable patrimonial por seguimientos e interceptaciones ilegales contra un exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema
El Consejo de Estado ordenó a Bernardo Moreno Villegas, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) durante el gobierno de Álvaro Uribe, pagar 354 millones de pesos como indemnización por los seguimientos e interceptaciones ilegales realizados a un exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia. El alto tribunal lo declaró responsable patrimonialmente por estos hechos, enmarcados en el escándalo de las llamadas ‘chuzadas del DAS’.
En el fallo, la corporación judicial dispuso que, una vez la decisión quede en firme, se entreguen a la entidad demandante los depósitos judiciales que fueron consignados como garantía del cumplimiento de la sentencia por parte del exfuncionario. La decisión hace parte de un proceso de reparación directa adelantado por las afectaciones derivadas de las interceptaciones ilegales.
El caso se originó tras declaraciones de Jorge Lagos, exjefe de inteligencia del DAS, quien durante un interrogatorio aseguró que suministró información a Moreno sobre algunos magistrados. A partir de estos señalamientos, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación que, en 2010, derivó en la destitución e inhabilidad del exdirector del Dapre, al considerar que se había extralimitado en sus funciones.
Posteriormente, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a Moreno a ocho años de prisión domiciliaria, aunque en 2017 obtuvo la libertad condicional tras cumplir parte de la pena. En su decisión más reciente, el Consejo de Estado aclaró que la responsabilidad patrimonial del Dapre no podía sustentarse en una sentencia penal de 2015, debido a que no fue incorporada formalmente al proceso y aún está pendiente de resolución una impugnación, lo que impidió su debate dentro del caso.
