El presidente aseguró que ningún funcionario ni particular está autorizado para establecer contactos con organizaciones ilegales y anunció que quienes incumplan la directriz serán llevados ante los tribunales.
El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, advirtió que ningún funcionario público ni particular está autorizado para establecer comunicaciones o diálogos con grupos armados ilegales. El mandatario aseguró que quienes desobedezcan esta directriz enfrentarán consecuencias judiciales, durante la ceremonia de reconocimiento de los altos mandos de las Fuerzas Militares.
El jefe de Estado sostuvo que su Gobierno no permitirá acercamientos con organizaciones que continúen recurriendo a la violencia como mecanismo de presión. “Nadie está autorizado para establecer comunicación con los grupos terroristas. Funcionarios o particulares que lo hagan serán llevados ante los tribunales”, afirmó. Además, señaló que su administración no contempla nuevos espacios de diálogo con estos grupos.
Someterse a la justicia o enfrentar a la Fuerza Pública
De La Espriella manifestó que quienes quieran abandonar las actividades criminales tendrán la posibilidad de someterse a la justicia, pero quienes decidan continuar con acciones violentas deberán enfrentar la respuesta de las Fuerzas Militares y de la Policía. “Se acabó ese jueguito de andar contemporizando con los enemigos de la patria. Son terroristas y así los vamos a tratar”, sostuvo.
El mandatario también aseguró que no se dejará intimidar por las amenazas de las organizaciones armadas. “No me asustan las amenazas, ni me amedrentan las advertencias”, expresó durante su intervención, en la que reiteró su intención de mantener una política de confrontación contra las estructuras que continúen ejerciendo acciones violentas.
Gobierno reporta más de 30 extradiciones
Durante el discurso, el Presidente también destacó las acciones adelantadas en materia de extradición de personas requeridas por autoridades extranjeras. Según De La Espriella, quienes sean solicitados por otros países serán puestos a disposición de las autoridades correspondientes, como parte de la estrategia contra las organizaciones criminales.
El jefe de Estado aseguró que durante su administración ya ha firmado más de 30 extradiciones de personas vinculadas, según indicó, con estructuras criminales y requeridas por la justicia de otras naciones. El anuncio se suma a las medidas que el Gobierno plantea para fortalecer la cooperación judicial internacional y combatir el crimen organizado.
