Ariel Cortés, director del Instituto Nacional de Medicina Legal, informó que cinco de las víctimas eran hombres y tres mujeres. Norte de Santander y Guaviare concentran parte de los operativos que han generado controversia por el riesgo para menores reclutados por grupos armados.
Al menos ocho menores de edad han muerto durante operaciones militares ordenadas por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, según informó este miércoles Ariel Cortés, director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. De acuerdo con el funcionario, entre las víctimas se encuentran cinco hombres y tres mujeres, todos de 17 años o menos. La cifra se suma a los casos registrados durante el año, que ascienden a 17 menores fallecidos, según los datos presentados por Medicina Legal.
Cortés explicó que, durante los últimos ocho meses de la administración anterior, encabezada por Gustavo Petro, se reportaron nueve casos, mientras que los ocho restantes corresponden al periodo actual, de acuerdo con el balance divulgado. El funcionario señaló que las acciones militares en las que se han registrado estos fallecimientos se han presentado principalmente en los departamentos de Norte de Santander y Guaviare, regiones afectadas por la presencia de grupos armados ilegales y por operaciones de la Fuerza Pública.
Las declaraciones se conocieron en medio de la controversia por una decisión del Tribunal Superior de Bogotá que revocó una medida provisional que restringía determinadas operaciones aéreas ante la posible presencia de menores reclutados por organizaciones armadas ilegales. Frente a esta determinación, la Presidencia sostuvo que las Fuerzas Militares podrán continuar desarrollando sus capacidades operacionales dentro del marco constitucional y legal, con respeto por los principios de distinción, proporcionalidad y precaución establecidos en el derecho internacional humanitario. Por su parte, el presidente anunció la autorización de un nuevo bombardeo, del que hasta el momento no se habían divulgado detalles en la información suministrada.
La polémica se intensificó tras un operativo realizado a finales de agosto en Guaviare, donde tres de las diez personas fallecidas eran menores de edad: dos de 15 años y una de 16. Posteriormente, otro bombardeo en la región del Catatumbo dejó como víctima a una adolescente de 16 años. Estos hechos han reavivado el debate sobre los límites de las operaciones militares cuando existe riesgo para niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados ilegales, así como sobre la obligación estatal de proteger a la población menor de edad en el marco del conflicto armado.
