En total son seis inmuebles de la SAE incautados a las economías ilegales que se entregarán a la institución de educación superior para aportar a la transformación productiva del Magdalena.
En un hito histórico se constituyó la entrega de dos bienes inmuebles (edificios) decomisados al narcotráfico y que administraba la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a la Universidad de Magdalena para el desarrollo educativo en el territorio ya que serán residencias universitarias de estudiantes indígenas.
El evento tuvo lugar en el edificio Mar Caribe de la Universidad de Magdalena donde asistieron los directivos de la institución de educación superior, así como los representantes de la SAE, estudiantes y miembros de la comunidad educativa quienes fueron testigos de la entrega de los bienes inmuebles en una fecha tan significativa que rememora al movimiento estudiantil y se reivindica la memoria de los líderes estudiantiles que entregaron sus vidas por una educación pública y con más oportunidades a todos los sectores de la sociedad.
El rector de la Universidad de Magdalena, Pablo Vera Salazar, agradeció la materialización de la palabra empeñada por el presidente Gustavo Petro Urrego y su apoyo en la apuesta por la transformación de unos bienes inmuebles incautados a las economías ilegales, pero que ahora servirán para albergar a los estudiantes indígenas como sitio de residencia de tal manera que no tengan que pagar por su estadía en Santa Marta durante su profesionalización.
“Recibimos los dos primeros espacios de un total de seis que nos van a ser entregados como Universidad, tres de manera directa, otros tres en provisionalidad y uno en comodato que esperamos finalmente que todos los 6 terminen siendo definitivamente de la Universidad del Magdalena. Y allí nuestro primer llamado: ojalá, así como la matrícula cero que fue el resultado de las movilizaciones de los sueños de muchos estudiantes que hoy no nos acompañan y que cayeron en esa lucha dentro de la cual nosotros cuando fuimos representantes estudiantiles al Consejo Superior una de las primeras propuestas que enarbolaba el movimiento estudiantil era que los bienes del ese entonces la Dirección Nacional de Estupefacientes pasarán a las universidades públicas y eso nunca fue posible”, indicó el rector.
El doctor cVera Salazar recordó que en otrora la universidad del Magdalena recibió una lancha rápida con tres motores que terminó deteriorándose en la granja y un furgón lleno de permanganato de potasio supuestamente para ser usado en los cultivos, pero que no duró mucho tiempo porque unos hombres armados irrumpieron en la universidad y amordazaron a los celadores para llevarse el furgón con el compuesto químico.
“Hoy estamos recibiendo unos bienes que de verdad agregan valor a la institución, que corresponden con sus funciones misionales, que bueno doctor Daniel que le dejen este legado y que se convierta en una política de estado, que los bienes incautados a las economías ilegales entren precisamente a las comunidades, a la universidad pública, a las víctimas. El legado del narcotráfico que corrompió instituciones, políticos, que cortó empresas y ha cortado proyectos de vida valiosos se conviertan en semilla de vida para que ese lema que tiene el Plan Nacional de Desarrollo de convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida se concrete de esa manera”, recalcó el rector Vera Salazar.
Durante el evento intervinieron varios representantes estudiantiles quienes agradecieron públicamente al presidente Gustavo Petro por honrar su palabra en la apuesta por fortalecer la educación pública.
Por su parte el director nacional de la SAE, Daniel Rojas Medellín, aprovechó el espacio universitario para invitar a los jóvenes a recibir los predios que hicieron parte del narcotráfico, de la criminalidad y todo un entramado de esa historia que dejó pobreza, exclusión, asesinatos y el vínculo con el paramilitarismo.
“Pensemos en que esos ladrillos, esos predios no solamente tienen que pasar de propietario de la ilegalidad a la legalidad, sino que debe tiene que haber también un cambio en la cultura política de quienes ahora son sus nuevos dueños. La academia sí tiene que inmiscuirse en las discusiones políticas, de que no podemos luchar solamente contra el analfabetismo de quienes no conocen las leyes, de quienes no saben leer o de quienes no saben matemáticas”, dijo Rojas.
Comentó que la lucha también es contra el analfabetismo político porque así como hay quienes han construido una cultura de la muerte diciendo “no sancionemos a Chiquita Bran porque es que la inversión extranjera se afecta si los sancionamos, pero resulta que son los mismos quienes nos masacraron, por eso también debe haber un pensamiento crítico desde la misma universidad pública y decir: tenemos que pensar primero en la dignidad nuestra y la de nuestros compañeros y la de nuestra historia para que nunca más volvamos a hablar de estudiantes caídos, para que nunca más volvamos a tener que reivindicar la memoria de los jóvenes que se formaron para garantizar los derechos de la sociedad y que podamos tener una posición en el mundo como profesionales”.
Finalmente aseveró que “quienes van hacer el goce y el disfrute de los predios que entregamos hoy deben saber la historia de estos inmuebles para que entiendan que no podemos volver a repetirla, que los médicos y los abogados sepan que es tener tierra en las uñas, sepan que es cargar un azadón, sepan que allá afuera hay miles de obreros, de indígenas y de campesinos que la cultura de la muerte ha normalizado que se asesinen, que se den masacres, que sean pobres, que estén en la exclusión porque esa cultura sí ha pensado la política y sí se ha formado políticamente a líderes políticos y sociales para establecer su cultura allá afuera. La conquista del poder cultural es previo al poder político y solamente los intelectuales organizados pueden cambiar la cultura de la muerte por una cultura de la vida”, puntualizó Rojas.
