Las resoluciones de la intervención revelan deficiencias asistenciales, administrativas y financieras que ponen en riesgo a miles de pacientes en el departamento.
El Espacio Noticias tuvo acceso exclusivo a las resoluciones 0074 y 0075 del 23 de septiembre de 2025, mediante las cuales el agente interventor designado por el Gobierno Nacional ordenó la terminación inmediata de dos contratos estratégicos de la ESE Universitaria del Atlántico (UNA): el de laboratorio clínico (0002-2023) y el de servicios farmacéuticos (2778-2022). Los documentos oficiales exponen un panorama de irregularidades que afectan la sostenibilidad financiera y la seguridad en la prestación de los servicios de salud.
Entre los hallazgos más graves se reportan fallas en urgencias, hospitalización, quirófanos y obstetricia; ausencia de protocolos de seguridad y de rutas diferenciales para víctimas de violencia y comunidades étnicas; irregularidades contables en el registro de facturas y estados financieros poco confiables; además de carencias críticas en talento humano y dotación biomédica. Estas deficiencias, según el interventor, justifican la decisión de terminar los contratos de forma unilateral e inmediata.
Las resoluciones ordenan adelantar la liquidación de los contratos y notifican a los contratistas, quienes solo disponen de 10 días hábiles para interponer recursos de reposición. Sin embargo, la medida ya entró en vigor. La situación genera fuertes cuestionamientos hacia los exdirectivos que avalaron los convenios, las empresas contratistas beneficiadas y el propio control estatal que no frenó a tiempo el desorden administrativo.
Organizaciones sociales y veedurías ciudadanas han exigido la intervención de la Procuraduría y la Fiscalía para establecer responsabilidades fiscales y penales. Más allá de la dimensión administrativa, la denuncia revela el impacto directo en los pacientes: retrasos en diagnósticos, falta de medicamentos y atenciones en condiciones indignas. Lo confirmado por las resoluciones oficiales da la razón a las denuncias de la comunidad sobre el deterioro de la salud pública en el Atlántico.
