El plan contempla que la firma en liquidación asuma deudas por $1,5 billones y que la nueva sociedad quede bajo control de Gecelca y Urrá.
La salida estatal a la crisis de Air-e, empresa de energía intervenida por el Gobierno desde 2020, sigue tomando forma. este martes se llevó a cabo una reunión en un hotel de Bogotá, en la zona de Corferias, en la que participaron el nuevo superintendente de Servicios Públicos, Felipe Durán, representantes del Departamento Nacional de Planeación y delegados de gobernaciones del Caribe, con excepción de la del Atlántico. Allí se socializó un plan en construcción que plantea la liquidación de Air-e y la creación de una nueva compañía estatal para asumir el servicio.
El esquema propone que la empresa en liquidación asuma las deudas vigentes, estimadas en $1,5 billones, mientras que la nueva compañía quedaría controlada por Gecelca y la Hidroeléctrica Urrá, ambas con mayoría accionaria del Ministerio de Hacienda. La propuesta retoma el planteamiento hecho en un borrador de documento Conpes, que busca obtener una garantía de la Nación para acceder a un crédito de largo plazo que ya pasó de $1,52 billones a $2,7 billones.
En la reunión se discutió también la necesidad de inyectar $1,7 billones a la nueva sociedad, de los cuales más de la mitad saldrían del Fondo Empresarial de la Superservicios, que actualmente enfrenta limitaciones de recursos. Como alternativas de financiación adicional, se evalúa acudir a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y a Findeter, con respaldo de la Nación. Estos recursos permitirían atender inversiones urgentes para ampliar la capacidad de los sistemas de transmisión regional (STR), hoy saturados en la Costa Caribe.
El encuentro contó con la participación de un asesor del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien se encontraba en Nueva York acompañando al presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de Naciones Unidas. Entretanto, llama la atención que a estas discusiones no han sido convocados ni el ministro de Hacienda, Germán Ávila, ni funcionarios de su cartera, a pesar de la relevancia fiscal de los compromisos financieros que requiere el plan.
