Miembros del Pacto Histórico interpusieron una tutela contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) argumentando que la entidad les está impidiendo inscribir la lista de candidatos al Congreso para las elecciones de 2026. La dirigente Carolina Corcho aseguró que el CNE mantiene condicionada la personería jurídica de la colectividad, lo que —según dijo— bloquea el proceso de inscripción de sus aspirantes. Indicó que la solicitud para levantar ese condicionamiento fue radicada el pasado 13 de junio y, hasta la fecha, no han recibido respuesta oficial.
Corcho afirmó que esta situación podría dejar al Pacto Histórico por fuera de las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año. “El CNE pretende excluirnos de las elecciones nacionales al incumplir, antes de la fecha límite de inscripción, sus propios compromisos de resolver los procesos sancionatorios que él mismo impuso como condición para el reconocimiento de nuestra personería jurídica”, señaló. La fecha límite para la inscripción de candidaturas vence el 8 de diciembre.
La dirigente advirtió que el condicionamiento del CNE vulnera derechos constitucionales fundamentales. “La incertidumbre política y jurídica generada por el CNE suprime nuestro derecho a la asociación política, atenta contra la democracia y vulnera derechos esenciales como el de elegir y ser elegidos, constituir partidos y ejercer libre afiliación política”, recalcó Corcho, al insistir en que la situación afecta no solo a la colectividad, sino también a millones de ciudadanos que representan.
Ante el riesgo de quedar por fuera del proceso electoral, el Pacto Histórico solicitó al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca una medida provisional que ordene al CNE culminar los procesos sancionatorios antes del 8 de diciembre, levantar el condicionamiento a la personería jurídica y autorizar la inscripción de candidaturas ante la Registraduría Nacional. Además, pidieron que se requiera a la Registraduría avanzar en la inscripción y que la Procuraduría General acompañe el proceso para garantizar la protección de los derechos políticos del partido.
