Designado del presidente Petro, en Consejo Directivo de UNIBARRANQUILLA
Por Rafael Castillo Pacheco.
La reciente aprobación del proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992 constituye un logro relevante para el movimiento estudiantil, los docentes, los trabajadores, el Gobierno nacional y, en general, para el sistema de educación superior pública en Colombia. El aumento de los recursos destinados a las universidades públicas responde a una demanda histórica largamente postergada y abre una oportunidad que no puede ser desaprovechada. Sin embargo, el verdadero desafío no está únicamente en cuánto dinero adicional recibirá el sistema, sino en cómo y para qué se invertirán esos recursos.
Durante décadas, la educación superior pública ha operado bajo una lógica de supervivencia financiera: cubrir déficits estructurales, sostener gastos recurrentes y mantener programas que, en muchos casos, no han sido revisados a la luz de los profundos cambios sociales, tecnológicos y productivos del país. En este contexto, es necesario advertir que más recursos no pueden traducirse simplemente en financiar lo mismo.
La Colombia de hoy enfrenta desafíos complejos: una desigualdad persistente, una crisis ambiental creciente, la transformación acelerada del mundo del trabajo, la revolución digital y profundas tensiones sociales. A ello se suma un escenario global marcado por la aceleración científica y tecnológica, la transición energética y nuevas formas de producción del conocimiento. La educación superior pública no puede permanecer ajena a estas dinámicas ni limitarse a reproducir modelos agotados.
Uno de los ejes centrales donde los nuevos recursos deben generar un cambio sustantivo es la investigación. Durante años, los sistemas de evaluación han incentivado una producción académica centrada en la cantidad de artículos, muchas veces de escasa trascendencia científica, tecnológica o social. Esta lógica ha convertido la investigación, en no pocos casos, en un ejercicio de cumplimiento burocrático, desconectado de las necesidades reales del país.
La inversión pública debe reorientar la investigación hacia la generación de conocimiento con impacto, capaz de fortalecer la ciencia, impulsar el desarrollo tecnológico y contribuir de manera tangible a la mejora de la calidad de vida de la población. Investigar no puede ser solo publicar; debe significar resolver problemas, innovar, transferir conocimiento y transformar realidades. Esto implica apoyar proyectos de largo plazo, investigación aplicada, innovación social y procesos de apropiación social del conocimiento, con criterios claros de impacto y pertinencia.
Esta transformación no será posible sin un compromiso firme con la transparencia en el uso de los recursos públicos. El aumento del presupuesto debe ir acompañado de sistemas innovadores de rendición de cuentas, que superen los informes formales y promuevan una vigilancia activa por parte de la comunidad universitaria. En este sentido, resulta clave avanzar hacia presupuestos participativos, en los que estudiantes, docentes y trabajadores de las universidades públicas tengan una voz real en la definición de las prioridades de inversión. Democratizar el presupuesto es, en esencia, democratizar la universidad.
Otro aspecto fundamental es el reconocimiento y fortalecimiento de la labor del docente de aula. Existe un vasto grupo de profesores que innova, investiga y experimenta cotidianamente en su práctica pedagógica; docentes que convierten el salón de clase en un verdadero laboratorio de aprendizaje, que reflexionan sobre su enseñanza y transforman la experiencia educativa de sus estudiantes. Sin embargo, este trabajo suele ser invisibilizado porque no siempre se traduce en publicaciones indexadas. No toda investigación relevante se mide en revistas especializadas: muchas de las transformaciones más profundas ocurren en el aula y en la relación directa con los estudiantes. Un sistema de educación superior verdaderamente comprometido con la calidad debe reconocer y estimular estas prácticas.
Un componente igualmente central es el bienestar universitario, especialmente el bienestar estudiantil. No puede hablarse de calidad educativa cuando miles de estudiantes enfrentan problemas de alimentación, salud mental, transporte o vivienda. Los nuevos recursos deben fortalecer de manera decidida los programas de bienestar, entendidos no como gastos asistenciales, sino como políticas de permanencia, equidad y dignidad. Garantizar que los estudiantes puedan estudiar en condiciones adecuadas es una inversión directa en calidad educativa y en justicia social.
Otro reto inaplazable es el fortalecimiento y la ampliación de las plantas docentes. Durante años, las universidades públicas han sostenido buena parte de su funcionamiento sobre la base de profesores vinculados de manera informal y precarizada, muchos de ellos con décadas de servicio, sin estabilidad ni reconocimiento pleno. La reforma debe abrir posibilidades reales para la formalización de estos docentes, en coherencia con el decreto de formalización docente, ampliando las plantas y garantizando condiciones laborales dignas.
Los nuevos recursos también deben impulsar una transformación académica y curricular, fortalecer enfoques interdisciplinarios y garantizar una democratización real del acceso y la permanencia, mediante una inversión sostenida en bienestar universitario, salud mental y condiciones dignas para estudiantes de sectores históricamente excluidos. Del mismo modo, mejorar las condiciones laborales de docentes e investigadores no es un gasto, sino una inversión estratégica para elevar la calidad del sistema.
Finalmente, la internacionalización debe asumirse con sentido crítico: una cooperación científica que dialogue con el mundo, pero desde las prioridades del país, evitando la simple reproducción de agendas externas desconectadas de nuestra realidad.
La reforma a la Ley 30 no debe evaluarse únicamente por el incremento presupuestal que supone, sino por su capacidad de transformar estructuralmente la educación superior pública y el sistema de ciencia, tecnología e innovación. En última instancia, su éxito dependerá de que los nuevos recursos permitan construir universidades más democráticas, más transparentes y más comprometidas con la transformación social. Porque, en educación superior, invertir más solo tiene sentido si se gobierna mejor, se enseña mejor y se investiga para transformar la vida de la gente.
