La administración departamental enfrenta más de 7.500 procesos judiciales y ajusta su estrategia de defensa para mitigar riesgos fiscales.
La Gobernación del Atlántico enfrenta uno de los mayores desafíos jurídicos y financieros de los últimos años, al registrar pretensiones económicas que superan los 3,4 billones de pesos. En total, la administración departamental tiene en curso 7.545 demandas y procesos judiciales, una carga que representa un riesgo significativo para la estabilidad fiscal del departamento.
Según información oficial, los casos más sensibles están relacionados con la liquidación de las Empresas Sociales del Estado (ESE) municipales en 2023, el ingreso de la ESE UNA a la red hospitalaria, los reajustes contractuales efectuados durante la pandemia y los procesos asociados a la atención de la población migrante. Estos factores han incrementado de manera considerable las contingencias judiciales del departamento.
Rachid Nader, secretario jurídico de la Gobernación del Atlántico, explicó que la administración ha venido fortaleciendo y ajustando su estrategia de defensa jurídica para hacer frente al elevado número de procesos. El funcionario advirtió que, además de las demandas, existen otros desafíos que impactan los indicadores financieros, como la intervención del Gobierno nacional a la ESE UNA y la compleja situación del sector de energía eléctrica en la región.
Estas declaraciones se dieron en el marco del estudio de un proyecto de ordenanza que busca modificar el presupuesto de rentas, gastos e inversiones del departamento para la actual vigencia. En ese escenario, el secretario jurídico hizo un llamado a la Asamblea Departamental para respaldar el ajuste presupuestal, al considerar que es clave para garantizar una defensa jurídica sólida y reducir los riesgos fiscales derivados de los procesos en curso.
