La organización advierte que limitar entrevistas, ruedas de prensa y preguntas a funcionarios podría afectar el ejercicio libre y crítico del periodismo en Colombia.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) cuestionó unas directrices que, según conoció la organización, habrían sido impartidas desde la Presidencia de la República para regular el relacionamiento de los funcionarios del Gobierno con periodistas y medios de comunicación. La Fundación considera que estas medidas podrían afectar el ejercicio libre y crítico del periodismo al dificultar la posibilidad de formular preguntas, solicitar explicaciones y contrastar las versiones oficiales sobre asuntos de interés público.
Entre los lineamientos señalados estarían la restricción de ruedas de prensa y entrevistas con medios que no sean considerados “amigos”, así como la instrucción para que algunos ministros entreguen declaraciones sin espacio para preguntas. La FLIP reconoce que el Gobierno tiene autonomía para definir su estrategia de comunicaciones, coordinar sus mensajes y establecer vocerías, pero advierte que estas facultades no deberían convertirse en barreras para el acceso de los periodistas a las fuentes oficiales.
La organización también aseguró que ha documentado casos recientes en los que periodistas han buscado información a través de canales y voceros oficiales sin obtener respuesta, situación que, según la FLIP, ha dificultado el cubrimiento de asuntos de interés nacional como la evolución del conflicto armado y las consecuencias del reciente terremoto. Además, recordó denuncias presentadas durante la pasada campaña presidencial, entre ellas las de la periodista Camila Zuluaga, relacionadas con presuntas restricciones para acceder a entrevistas con el entonces candidato Abelardo De La Espriella.
La FLIP advirtió que trasladar este tipo de prácticas al ejercicio de la Presidencia tiene una dimensión diferente, debido a que las fuentes, canales de información y recursos del Estado no pertenecen al Gobierno de turno. La organización rechazó que el acceso a funcionarios pueda depender de la afinidad política de periodistas o medios y alertó sobre el riesgo de generar privilegios, estigmatización y autocensura. Por ello, pidió a la Presidencia reconsiderar las directrices y garantizar un acceso igualitario, objetivo, transparente y no discriminatorio a las fuentes oficiales, independientemente de la línea editorial de cada medio.
