La entidad puso bajo la lupa contratos, donaciones, nombramientos y recursos cercanos al billón de pesos para establecer su legalidad, ejecución y destinación.
La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, anunció una revisión técnica y jurídica de contratos, convenios y actuaciones administrativas realizadas durante el gobierno anterior, luego de identificar situaciones que, según la entidad, requieren un análisis más profundo. Entre los hallazgos preliminares mencionó contratos y donaciones que calificó como dudosos e injustificados, algunos con ejecución concentrada durante el periodo de campaña presidencial.
Suárez señaló además que están bajo revisión cerca de un billón de pesos vinculados a fiducias y convenios, debido a que no se encontró información suficiente sobre sus soportes, procesos de legalización o estado de cierre. A esto se suman más de 900 contratos de prestación de servicios cuya necesidad aún no ha sido verificada, así como más de una decena de nombramientos en provisionalidad frente a los cuales existen dudas sobre el cumplimiento de los requisitos y las normas de carrera administrativa.
La directora dispuso un equipo interdisciplinario para profundizar las auditorías y determinar el estado de los recursos públicos comprometidos, verificar el cumplimiento de las normas y establecer las acciones correspondientes. También serán examinadas donaciones entregadas durante el primer semestre de 2026 sin claridad sobre sus beneficiarios finales, además de procesos de difusión y otras actuaciones contractuales y administrativas. La revisión parte de alertas e información entregada por funcionarios, sindicatos y organismos de control.
“No vamos a encubrir ni minimizar ninguna alerta de corrupción o irregularidad. Lo que encontremos, lo documentaremos y lo pondremos en conocimiento de las autoridades”, afirmó Suárez. La funcionaria aclaró que esta etapa corresponde a una fase de verificación y no constituye una determinación de responsabilidad, por lo que los hechos que puedan tener implicaciones disciplinarias, fiscales, penales o administrativas serán remitidos a las autoridades competentes, con respeto por el debido proceso.
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