Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío avanzan en la atención de las comunidades afectadas, mientras el Gobierno y las autoridades locales preparan millonarias inversiones para recuperar viviendas, infraestructura y empleo.
Un mes después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, el país comienza a dejar atrás la etapa de emergencia para concentrarse en la reconstrucción. El sismo, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, dejó 331 personas fallecidas, 4.505 heridas y 111 desaparecidas, además de afectar a 16 departamentos y 498 municipios. El balance incluye más de 202.000 viviendas averiadas y 36.326 destruidas, junto con graves daños en hospitales, colegios, vías, puentes y sistemas de acueducto.
Entre las regiones más golpeadas se encuentra Chocó, donde más de 17.000 familias resultaron damnificadas y cerca de 23.400 personas fueron afectadas. El departamento reportó daños en más de 365 centros educativos y 80 centros de salud. En Valle del Cauca, Cali registró 150 fallecidos y más de 1.500 heridos, mientras que 45.139 familias fueron incluidas en el Registro Único de Damnificados. En Buenaventura, 31.654 familias y 67.591 personas aparecen registradas como afectadas, con miles de viviendas destruidas o averiadas.
Risaralda también enfrenta un complejo proceso de recuperación, especialmente en Pereira, donde más de 54.000 personas resultaron damnificadas, unas 35.000 viviendas presentan algún nivel de afectación y más del 65 % del comercio sufrió daños. Las autoridades estiman que más de 50.000 empleos podrían estar en riesgo y que la reconstrucción de la ciudad podría extenderse durante cinco años, con una inversión cercana a los 10 billones de pesos. En Caldas y Quindío también continúan las evaluaciones y obras, con miles de viviendas afectadas y recursos destinados a reconstrucción y mejoramientos.
Mientras avanzan las labores de recuperación, la UNGRD anunció ayudas mensuales de hasta $1.050.543 durante tres meses para los hogares cuyas viviendas fueron destruidas o declaradas no habitables, siempre que estén registrados como damnificados y su condición haya sido ratificada por las autoridades. En paralelo, los gobiernos territoriales han puesto en marcha bancos de materiales, ayudas económicas y proyectos de infraestructura. El desafío ahora será convertir estas medidas en una reconstrucción efectiva que permita recuperar las viviendas, los servicios públicos, la infraestructura y las fuentes de empleo de las comunidades afectadas.
