El presidente Abelardo De La Espriella anunció una revisión de los esquemas de seguridad otorgados por el Estado como parte de su política de austeridad y reducción del gasto público.
El presidente Abelardo De La Espriella ordenó este jueves revisar los esquemas de protección personal otorgados por el Estado y eliminar aquellos que no estén debidamente justificados. El anuncio lo hizo durante una visita al Ministerio del Interior, desde donde depende la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad encargada de evaluar los niveles de riesgo y coordinar medidas de seguridad para personas amenazadas por su actividad política, social, periodística o de defensa de los derechos humanos. “No acepto que haya un solo esquema de seguridad otorgado sin fundamento, sin importar quién sea el beneficiario”, afirmó el mandatario.
De La Espriella cuestionó el funcionamiento de la UNP y aseguró que su misión “se ha desnaturalizado”. Según el jefe de Estado, algunas personas estarían accediendo a medidas de protección tras denunciar amenazas sin que exista una justificación suficiente. “Eso se volvió una moda en este país”, sostuvo, al calificar esas situaciones como una “payasada” y “vagabundería”. La entidad cuenta con mecanismos que pueden incluir escoltas, vehículos blindados y otros recursos de seguridad, dependiendo de la evaluación de riesgo de cada solicitante.
El mandatario relacionó la revisión con la situación de las finanzas públicas y la necesidad de eliminar gastos que considera innecesarios. No obstante, aseguró que el Gobierno mantendrá la protección de quienes realmente la necesiten, sin importar su orientación política o si respaldaron o no su elección. “Cuando se trata de proteger a los colombianos no hay ideología ni partido. Es una obligación del Estado”, afirmó. Entre los beneficiarios de estos esquemas se encuentran líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y otras personas expuestas a amenazas.
Durante su intervención, el Presidente también pidió mayor transparencia en la relación entre el Gobierno y el Congreso y advirtió que no permitirá el intercambio de contratos, cargos o recursos públicos por apoyos políticos. Asimismo, ordenó revisar los gastos del Ministerio del Interior y sus entidades para identificar posibles casos de corrupción o favoritismo. Por ahora, el mandatario no precisó cuántos esquemas podrían ser desmontados, cuándo finalizará la revisión ni cuánto dinero espera ahorrar con la medida.
