Las medidas cautelares recaen sobre 23 activos vinculados a los principales implicados en uno de los mayores escándalos de corrupción del sector TIC en Colombia.
En el marco de un operativo liderado por la Fiscalía General de la Nación, agentes de policía judicial aplicaron medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 23 bienes relacionados con los principales responsables del escándalo de corrupción de Centros Poblados. La acción hace parte de un proceso de extinción del derecho de dominio adelantado por una fiscalía especializada, con el fin de recuperar activos que habrían sido adquiridos con recursos públicos desviados.
De acuerdo con el ente acusador, los bienes afectados están avaluados en más de 65.900 millones de pesos e incluyen predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias. Estos activos se encuentran ubicados en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño, zonas donde presuntamente se realizaron maniobras para ocultar o mover los recursos obtenidos de manera irregular.
Las medidas recaen principalmente sobre bienes que pertenecerían al contratista Emilio José Tapia Aldana, condenado por su participación en el entramado de corrupción y quien recientemente obtuvo libertad condicional. Asimismo, la investigación involucra activos registrados a nombre de los empresarios Juan José Laverde Martínez, Ottomar Lascarro Torres y Luis Fernando Duque Torres, además de algunos de sus familiares, quienes también habrían tenido participación en las irregularidades del contrato suscrito entre el MinTIC y la Unión Temporal Centros Poblados.
La Fiscalía estableció que los bienes habrían sido adquiridos con dineros provenientes del anticipo entregado de forma irregular y de las actuaciones ilícitas detectadas en el proceso contractual, incluso mediante la mezcla de recursos lícitos e ilícitos. En atención a fallos de responsabilidad fiscal de la Contraloría General, también se impuso una medida cautelar sobre un inmueble de la exministra TIC Karen Cecilia Abudinen. Con estas acciones, el ente investigador busca garantizar la recuperación de activos para el Estado, mientras avanzan los procesos judiciales por el desfalco que frustró la conectividad de miles de estudiantes rurales en el país.
