El Gobierno Nacional ha fortalecido los beneficios y el presupuesto destinado para la Fuerza Pública. Ahora los miembros de la Fuerza Pública tienen mejores condiciones para defender a Colombia.
El Gobierno Nacional ha hecho esfuerzos para mejorar el bienestar de los miembros de la Fuerza Pública. Aumentos salariales, junto con mejor bienestar para los soldados colombianos, han hecho un diferencial en el trato en comparación con otros gobiernos.
En abril de este año, el presidente de la República, Gustavo Petro firmó un decreto que establece una nueva escala salarial para todos los integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. La decisión fue calificada por el mandatario como un ajuste histórico orientado a mejorar el nivel de vida de quienes devengan los sueldos más bajos dentro de las instituciones de seguridad del Estado.
La medida contemplaba un incremento diferencial y progresivo: los uniformados de menor rango, soldados regulares, soldados profesionales, patrulleros y patrulleras de la Policía, así como sus equivalentes en la Armada y la Fuerza Aérea, recibirán alzas que superan el 23% anual, mientras que los oficiales de mayor grado obtendrán un aumento del 7% anual. De esta forma, la brecha salarial entre los distintos escalones de la jerarquía militar y policial se reduce de manera significativa.
Así mismo, el gobierno impulsó la ley 2384 de 2024, una iniciativa que permite que quienes prestan su servicio militar obligatorio reciban, a partir de julio de este año, un salario mínimo mensual legal vigente por prestar sus servicios a Colombia. Igualmente, por orden del presidente, los soldados regulares y auxiliares de Policía pasaron de recibir 300 mil pesos a un salario vital de $1.750.905.
Así mismo, el pasado mes de marzo el gobierno anunció la aprobación de un CONPES para fortalecer las capacidades y robustecer y modernizar la fuerza pública por 13 billones de pesos. Según cifras del Gobierno, esta inversión se suma a más de 40 billones de pesos, impulsando un aumento en las capacidades de la fuerza pública que va del 45% al 62%.
