La Procuraduría General de la Nación revisa posibles impactos de proyectos urbanísticos en el ecosistema. La CRA ha instado a la actualización de instrumentos de ordenamiento territorial.
Promover la defensa, protección y recuperación de la ciénaga de Mallorquín a través de un mecanismo asociativo es uno de los acuerdos sellados entre las autoridades que participaron este viernes en la mesa de trabajo convocada por la Procuraduría General de la Nación ante los conflictos sociales y ambientales que se pueden generar por las dinámicas de expansión urbana en Barranquilla y Puerto Colombia.
Gustavo Guerrero Ruiz, procurador delegado para Asuntos Ambientales, Minero-Energéticos y Agrarios, explicó que las autoridades han expresado su voluntad de manera articulada y coordinada para la protección de dicho ecosistema.
“La idea es que exista un mecanismo financiero que permita inyectar los recursos necesarios para adelantar un proceso de recuperación ambiental. Ha sido una iniciativa de la Procuraduría al recordar la figura de ecobloque que funcionó en el departamento y en Distrito”, recalcó. Sostuvo, además, que en este espacio se revisaron los posibles impactos que genera el desarrollo de proyectos urbanísticos en zonas aledañas a la ciénaga de Mallorquín.
“Trabajamos para establecer mecanismos de articulación y acción concretos que impidan que el ecosistema sea degradado, no solo el cuerpo de agua, sino todo el ecosistema en su conjunto. Que se garanticen las compensaciones, el reparto equitativo de cargas y beneficios para la naturaleza y los ciudadanos”, agregó.
Indicó que en este espacio participaron delegados de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Barranquilla, el Área Metropolitana de Barranquilla y el Ministerio de Ambiente, así como de empresas de servicios públicos. Sin embargo, cuestionó la ausencia de un representante del Ministerio de Vivienda.
“No se puede hablar de ordenamiento territorial en torno al agua como una política pública, como una base del plan de desarrollo, sin hacer presencia en un escenario como este”, expuso el delegado del Ministerio Público.
Expuso que actualmente avanzan en el marco de la función preventiva y fue enfático al sostener que en el caso de detectarse irregularidades se adelantarán los procesos correspondientes. “Si de esta actuación preventiva se identifican omisiones o acciones que configuren violación a las normas o al derecho de gozar con un ambiente sano, la Procuraduría hará los traslados para las investigaciones disciplinarias que haya lugar”, dijo.
Agregó que “esperamos que se pueden activar mecanismos de articulación entre las entidades; esperamos tener espacios de carácter técnico para escuchar a actores sociales que nos cuenten sus inquietudes y preocupaciones alrededor de las tensiones entre desarrollo urbanístico y protección ambiental”.
Jesús León Insignares, director de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), expuso que han instado a los entes territoriales del departamento, en especial a la Alcaldía de Barranquilla y la Alcaldía de Puerto Colombia, para que se adelante un proceso de actualización de los esquemas de ordenamiento territorial.
Puso de presente que en el municipio porteño el Plan Básico de Ordenamiento Territorial data de 2017: “Han pasado 7 años y las dinámicas ambientales son variantes, más bajo una triple crisis climática como la que vivimos hoy”.
Agregó que en esta hoja de ruta se deben incluir los componentes de gestión del riesgo. Mientras que –según dijo– el Distrito de Barranquilla ya avanza en el proceso de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial, el cual se encuentra vigente desde el 2014.
“Ya han instaurado una comunicación con nosotros como autoridad ambiental para que les brindemos acompañamiento técnico, dando las determinantes ambientales que tienen que ser incorporados”, expuso.
Reiteró que las acciones urbanísticas son “competencia única y exclusivamente” de los entes territoriales y que su competencia como autoridad ambiental corresponde a garantizar un equilibrio económico y social frente al aprovechamiento de los recursos naturales. “El Pomca es el instrumento de planificación utilizado en ese sentido, pero no establece densidades urbanísticas, sino que lo hacen los entes territoriales a través de sus Planes de Ordenamiento Territorial”, expuso.
León Insignares agregó que han fortalecido el proceso de verificación sobre el cumplimento de los permisos de aprovechamiento forestal que fueron otorgados a las constructoras. “Pedimos al municipio de Puerto Colombia que haga un seguimiento estricto a las obligaciones que ellos tienen en la concertación de los planes parciales que le permitieron desarrollar este tipo de actividades”, remarcó.
El director de al CRA destacó que en la actualidad no se ha evidenciado un impacto negativo en el área de influencia y zona de retiros de la ronda hídrica de la Ciénaga de Mallorquín. “No se pueden realizar intervenciones por los determinantes ambientales, además, por la presencia de mangle que debemos garantizar”, puntualizó el líder de la autoridad ambiental.
Lady Ospina, secretaria de Agua Potable del Atlántico, sostuvo que si bien la dependencia no cuenta con competencia en este aspecto, han venido acompañando el proceso liderado por la Procuraduría. “Somos un apoyo técnico para las entidades. No tenemos competencia, pero como lo ha dicho siempre el gobernador Eduardo Verano, estamos para que todos, como territorio, saquemos las cosas adelante”, recalcó.
En ese sentido recalcó que cuentan con la disposición de adelantar el papel de mediadores en una serie de espacios propuestos por la Procuraduría para seguir concertando acciones para evitar impactos negativos por el desarrollo de proyectos urbanísticos.
