El pasado 19 de julio el juez 47 penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá condenó a Luis Fernando Duque Torres, principal responsable del caso de corrupción de Centros Poblados, a 52 meses de prisión (cuatro años y tres meses).
La sentencia se produjo tras un preacuerdo entre Duque y la Fiscalía General de la Nación, en el cual Duque aceptó su culpabilidad en los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y peculado por apropiación en favor de terceros.
Recordemos que el caso de corrupción de Centros Poblados implicó la pérdida de $70.243 millones de pesos. Duque, quien era el representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, autorizó el desembolso de un anticipo que terminó en manos de las empresas Nuovo Security LLC e Inselsa S.A.S., beneficiando al contratista Emilio Tapia y a Juan Carlos Ángel Cáceres, dueño de Nuovo Security LLC.
Además de la pena de prisión, Duque deberá pagar una multa de $7.710.256.773 pesos en un plazo de 12 meses. El juez también ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) trasladar a Duque a una cárcel designada, considerando que actualmente cumple una medida de aseguramiento en su residencia en Puerto Colombia, Atlántico.
El caso de Centros Poblados ha sido un escándalo significativo en Colombia, especialmente porque involucraba un contrato del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) destinado a llevar conectividad a regiones rurales del país.
La Unión Temporal Centros Poblados, elegida en 2020, presentó garantías bancarias falsas para asegurar el contrato, lo que finalmente llevó a la pérdida de millones de pesos destinados a mejorar la conectividad en zonas vulnerables.
La condena de Duque no parece reparar el daño causado por el desvío de fondos públicos sigue afectando a las comunidades rurales que se beneficiarían del proyecto de centros digitales.