El Estado colombiano logró una significativa victoria legal al evitar el pago de más de 1.000 millones de dólares a la minera canadiense Eco Oro Minerals Corp.

Esta decisión fue tomada por un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que falló en contra de las pretensiones de la empresa minera por la prohibición de actividades en el páramo de Santurbán.

Eco Oro, que había invertido aproximadamente 250 millones de dólares en sus operaciones en Colombia desde su llegada en 1994, reclamaba que las restricciones impuestas por el Estado colombiano le impidieron desarrollar su proyecto minero en el páramo de Santurbán.

La empresa alegaba que estas medidas constituían una expropiación indirecta de su inversión bajo el artículo 811 del Tratado de Libre Comercio Canadá-Colombia, y exigía una indemnización de alrededor de 1.100 millones de dólares, incluyendo intereses.

El tribunal del Ciadi determinó que Eco Oro no presentó pruebas suficientes de los daños alegados, a pesar de habérsele dado una segunda oportunidad para hacerlo. Como resultado, la empresa no recibirá ninguna indemnización. Además, el tribunal no obligó a Colombia a pagar los costos del proceso debido a deficiencias en la defensa de Eco Oro.

Esta decisión pone fin a un arbitraje que duró más de ocho años. En una fase anterior, en septiembre de 2021, el tribunal ya había desestimado la reclamación de expropiación, considerando que la prohibición de la minería en los páramos era una acción legítima del Estado para proteger el medioambiente.

El tribunal subrayó la importancia del páramo de Santurbán como regulador de los ciclos de agua y su papel crucial para más de 2,5 millones de personas. Los daños de la minería en estos ecosistemas son irreversibles, lo que refuerza la legitimidad de las medidas de protección adoptadas por Colombia.

Con esta decisión, Colombia suma su tercera victoria en arbitrajes internacionales relacionados con la protección del páramo de Santurbán, tras los casos de Red Eagle y Montauk.

Esto cierra todas las reclamaciones internacionales de inversión presentadas hasta la fecha por medidas de protección ambiental en el páramo.El equipo de defensa de Colombia estuvo compuesto por abogados de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) y la firma Latham & Watkins.

La decisión del Ciadi no solo evita una pérdida económica significativa para el país, sino que también reafirma el derecho soberano de Colombia a proteger sus ecosistemas vitales.