Las cifras de homicidios y extorsiones en el Atlántico revelan un panorama alarmante que cuestiona la eficacia de las estrategias de seguridad implementadas por la administración departamental. A pesar de los anuncios de millonarias inversiones en tecnología y aumento del pie de fuerza, financiadas con la tasa de seguridad, la violencia no da tregua y continúa golpeando con fuerza a las comunidades.
En los últimos dos meses, tres muertes por balas perdidas estremecieron al departamento: el 13 de julio en Soledad falleció la enfermera Darianis José Socarrás Prado, de 28 años; la semana pasada en Baranoa, la niña Ariana Sofía Lozada Ruiz, de 11 años, perdió la vida mientras hablaba por videollamada con sus compañeros de colegio; y un día después en Barranquilla la víctima fue Mercedes Zambrano, mujer de 82 años. Estos casos se suman a una lista de hechos violentos que reflejan el descontrol de la criminalidad.
De acuerdo con los registros oficiales, el Atlántico ya supera los 700 homicidios en lo corrido de 2025, ubicándose entre los departamentos más violentos del país. A este escenario se suma el desborde de la extorsión: entre enero y junio se recibieron 670 denuncias, un promedio de casi cuatro diarias. La presión criminal ha obligado incluso al cierre de cerca de 200 tiendas en Barranquilla y su área metropolitana.
El fenómeno viene en crecimiento. En cinco años, los casos de extorsión pasaron de 106 en 2018 a 877 en 2023, y la tendencia sigue al alza. Mientras tanto, las promesas del gobernador Eduardo Verano de contener la ola delictiva no se han traducido en resultados concretos. La brecha entre el discurso oficial y la realidad en las calles mantiene a los ciudadanos en zozobra y expone la necesidad urgente de una estrategia integral y efectiva que enfrente el problema de raíz.
