Mientras miles de estudiantes se juegan la vida esquivando huecos, escombros y maquinaria abandonada en lo que debía ser la Gran Vía de Barranquilla, una comisión de la Contraloría General de la República llegó desde Bogotá para investigar lo que parecía un secreto a voces: detrás de este proyecto se esconde uno de los esquemas de corrupción más sofisticados del Caribe colombiano. El contrato, por $102.205 millones, prometía una vía moderna y funcional; en cambio, hoy es símbolo de abandono y sospecha.
| VIGENCIA FISCAL | MONTO | DISPONIBILIDAD DEL PAC |
|---|---|---|
| 2022 | $900.000.000 | 2022 |
| 2023 | $9.530.000.000 | 2023 |
| 2024 | $19.630.000.000 | 2024 |
| 2025 | $20.220.000.000 | 2025 |
| 2026 | $20.820.000.000 | 2026 |
| 2027 | $31.105.000.000 | 2027 |
La lupa de los investigadores se centra en el Consorcio Vial Barranquilla, responsable de la Fase I, por un valor de $62.402 millones. A simple vista, parecía un proceso competitivo; sin embargo, las empresas que lo conforman evidencian un mismo núcleo familiar. Equipos, Construcciones y Obras SAS (48%) y Constructora Global Ingeniería SAS (47%) pertenecen a la familia Vaquero-Medina, quienes controlan el 95% del consorcio. El 5% restante quedó en manos de Gravas y Concretos SA, un socio casi simbólico que apenas disfraza la falta de competencia real.
La situación se agrava con los plazos incumplidos. El Tramo I, con fecha límite para el 31 de diciembre de 2023, sigue con más del 20% de los ítems sin entregar. Y el Tramo II, que debía estar listo a finales de 2024, presenta retrasos superiores al 50%. Mientras tanto, $35.622 millones destinados a la adquisición de predios despiertan más dudas: no se conoce con claridad a quiénes se compraron los terrenos, cuánto se pagó en impuestos o si entre los beneficiarios hay familiares o testaferros de los mismos contratistas.
La Contraloría Departamental del Atlántico ha guardado silencio frente a estas irregularidades, lo que obligó a la entidad nacional a enviar un equipo especial desde Bogotá. La pregunta que se hacen los veedores ciudadanos es inevitable: ¿hasta qué punto llega la responsabilidad del gobernador Eduardo Verano de la Rosa, quien autorizó la adjudicación del contrato y hasta ahora evita pronunciarse sobre el tema? Para muchos, su silencio equivale a complicidad.
Las consecuencias ya son palpables. Comerciantes del sector denuncian pérdidas millonarias, estudiantes de la Universidad del Atlántico y del Norte atraviesan a diario un corredor en ruinas, y barrios como La Playa y Villa Campestre conviven con una obra paralizada que prometía desarrollo, pero hoy representa peligro y atraso. La ciudadanía, que financia con sus impuestos estas inversiones, enfrenta no solo la falta de vías, sino también la incertidumbre de vivir en un departamento donde la corrupción parece institucionalizada.
Este caso revela un patrón de corrupción estructural: se crean consorcios familiares que simulan competencia, se adjudican contratos multimillonarios sin filtros efectivos, se incumplen cronogramas y se diluyen los recursos en cuentas privadas, mientras los organismos de control locales miran hacia otro lado. Ahora, la Contraloría General tiene la oportunidad de marcar un precedente: o este escándalo se convierte en otro capítulo de impunidad, o en un punto de inflexión que obligue a rendir cuentas a quienes han saqueado la confianza y los recursos públicos del Atlántico.
