La Procuraduría General de la Nación activó una acción preventiva contra la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), luego del requerimiento que esta entidad envió a medios nacionales solicitando información sobre sus políticas editoriales. El pedido incluía documentos internos como manuales de acción, actas de los comités editoriales y criterios para la selección de contenido periodístico, lo que generó preocupación en el gremio de la prensa.
Aunque la CRC aclaró posteriormente que la solicitud tenía un carácter “informativo y analítico”, no revocó el requerimiento inicial ni definió si la entrega de los datos era voluntaria, lo que, según la Procuraduría, podría constituir una forma de censura indirecta o extralimitación de funciones. El órgano de control advirtió que la medida pone en riesgo derechos fundamentales como la libertad de prensa, el secreto profesional de los periodistas y la confidencialidad de las fuentes.
El Ministerio Público solicitó a la CRC entregar en un plazo de tres días hábiles copia del requerimiento original, la fundamentación legal de su competencia para pedir esa información, y los protocolos que garanticen la confidencialidad de los datos. Además, pidió que la Comisión precise si la entrega de la información es obligatoria u opcional, y cuáles serían las consecuencias en caso de no cumplirla.
El procurador general, Gregorio Eljach, aseguró que no permitirá que desde ninguna entidad estatal se implementen acciones que vulneren la libertad de prensa o la autonomía editorial de los medios. Por su parte, organizaciones de periodistas y analistas del sector calificaron la carta de la CRC como un intento de vigilancia indebida sobre los contenidos periodísticos, lo que mantiene encendida la alerta en defensa del derecho a informar libremente en Colombia.
