Informe oficial confirma que las operaciones realizadas cumplieron la ley y buscaron mitigar riesgos de liquidez sin emitir nueva deuda
La Contraloría General de la República confirmó que las recientes operaciones de deuda pública adelantadas por el Gobierno Nacional se ajustaron plenamente al Marco Fiscal de Mediano Plazo y no implicaron la contratación de nuevas obligaciones financieras. El ente de control precisó que las transacciones se realizaron dentro de las competencias del Ejecutivo y cumplieron con todos los requisitos legales vigentes.
El informe, que analizó operaciones efectuadas entre diciembre de 2025 y enero de 2026, concluyó que estas tuvieron como propósito principal mitigar el riesgo de liquidez de la Nación, en un contexto de disminución de los recursos disponibles en la Tesorería. Según el documento, ante depósitos que cayeron a $1,44 billones a inicios de diciembre, el Ministerio de Hacienda ejecutó una operación de tesorería mediante la venta parcial de TES B por $23,24 billones.
La Contraloría recalcó que dicha transacción contó con las autorizaciones correspondientes y no representó emisión de nueva deuda, sino una reconfiguración de activos para garantizar el flujo de recursos del Gobierno. Este punto fue destacado por el presidente Gustavo Petro, quien afirmó que el ente de control ratificó lo que el Ejecutivo sostuvo desde el inicio sobre la legalidad y naturaleza de las operaciones.
Finalmente, el mandatario señaló que la estrategia fiscal del Gobierno busca estabilizar las finanzas públicas sin comprometer la sostenibilidad fiscal ni recurrir a nuevo endeudamiento. De cara a 2026, Petro indicó que se aprovechará un escenario de tasas de interés externas más bajas para reducir presiones financieras, asegurando que el objetivo es proteger la estabilidad económica y dejar un mayor margen de inversión pública a futuro.
