• La jornada se realizará el próximo 11 de abril en el Resguardo Indígena El Playón Nasa Naya, del municipio de Buenos Aires, Cauca. Será la primera vez que se realice una conmemoración en el territorio con apoyo de una entidad estatal.
• El proceso busca honrar la memoria de las víctimas, fortalecer los procesos de reparación colectiva y reafirmar compromisos de no repetición desde el territorio.
Bogotá D.C., 9 de abril de 2026. El Ministerio del Interior liderará el próximo 11 de abril la conmemoración de la masacre del Naya, uno de los hechos más dolorosos ocurridos en el suroccidente del país en abril de 2001. La jornada tendrá lugar en el Resguardo Indígena El Playón Nasa Naya, del municipio de Buenos Aires, Cauca, y marcará un hecho sin precedentes: será la primera vez que una entidad del Estado apoye en el territorio una conmemoración de este hecho.
La masacre del Naya dejó una huella profunda en comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas de la región. La incursión paramilitar ocurrida entre el 10 y el 12 de abril de 2001 derivó en homicidios, amenazas, desplazamientos forzados y una fractura del tejido comunitario cuyos efectos aún persisten en la memoria de las víctimas y en la vida del territorio.
De acuerdo con la información recopilada sobre el hecho, 27 personas fueron incluidas como víctimas de homicidio en el Registro Único de Víctimas (RUV) y más de 3.000 personas se desplazaron hacia distintos municipios del Cauca y Valle del Cauca. Además, según cifras de la Unidad para las Víctimas, durante abril de 2001 en la región del Naya se reportaron 7.145 desplazamientos, 440 amenazas y 112 homicidios, cifras que evidencian la gravedad de la violencia desatada en el territorio.
En ese contexto, la conmemoración ha sido concebida como un espacio de memoria, dignificación y sanación colectiva. Además del acto simbólico, la jornada busca reconocer públicamente el daño causado, rendir homenaje a las víctimas y reafirmar la necesidad de que hechos como los ocurridos en el Naya no vuelvan a repetirse.
Desde el mes de marzo se desarrolló un primer momento de construcción comunitaria con autoridades ancestrales, guardia indígena, médicos tradicionales y liderazgos del territorio. Fue un proceso orientado a concertar el sentido de la conmemoración, sus componentes simbólicos y espirituales, y que contó con la participación activa de la comunidad.
El Ministerio del Interior participará a través del Grupo de Articulación Interna para la Política de Víctimas del Conflicto Armado (GVC), en su papel de acompañamiento a los procesos de memoria, reparación simbólica y garantías de no repetición. La presencia institucional busca tender puentes con las comunidades y respaldar un ejercicio construido desde sus propias voces, autoridades y prácticas culturales.
Carlos Espitia, coordinador del GVC, situó el sentido de este acompañamiento en la necesidad de llegar a los territorios históricamente golpeados por la violencia. “Para el Ministerio del Interior es muy importante hacer presencia en los territorios que han sido víctimas del conflicto armado. Son décadas de abandono y hay zonas como el Naya a las que hasta ahora llega el Estado a través del Gobierno del Cambio, con el objetivo de tender puentes para fortalecer los procesos de reparación y de no repetición y garantizar que este tipo de hechos no vuelvan a suceder en Colombia”.
La agenda del 11 de abril incluirá espacios de armonización espiritual, de memoria intergeneracional, de sanación colectiva desde la medicina tradicional Nasa y un acto de dignificación para las víctimas. Entre los momentos previstos se encuentran un círculo de la palabra, las ofrendas al territorio, la siembra de árboles de memoria y el nombramiento colectivo de las víctimas, en una apuesta por tejer memoria.
Con esta conmemoración, el Ministerio del Interior coordinará un ejercicio sin precedentes en el Naya, en el que la memoria, la espiritualidad y la palabra de las comunidades ocuparán el centro. La jornada será también una oportunidad para reconocer la persistencia de las víctimas y reafirmar, desde el territorio afectado, el compromiso institucional con la no repetición.
