La Corte Suprema de Justicia determinó que la exrepresentante obligó a cinco colaboradores a entregar parte de sus salarios entre 2014 y 2017 y ordenó el pago de indemnizaciones a las víctimas.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó en primera instancia a 12 años de prisión a la exrepresentante a la Cámara Tatiana Cabello Flórez, tras hallarla responsable de exigir parte del salario a cinco integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) entre los años 2014 y 2017.
De acuerdo con la sentencia, la entonces congresista, elegida por el Centro Democrático, aprovechó su facultad de libre nombramiento y remoción para presionar a varios de sus colaboradores a entregar parte de sus ingresos como condición para mantener sus cargos o acceder a mejores posiciones dentro de la UTL.
Durante el proceso judicial se estableció que el dinero no era recibido directamente por Cabello, sino a través de personas de su confianza, entre ellas su asesora Luisa Fernanda Puerto Vela y su conductor Hernando Barón Ayala, quienes recibían los recursos mediante consignaciones, transferencias bancarias o pagos en efectivo bajo la apariencia de una supuesta «caja menor».
La Corte también concluyó que la excongresista utilizó aplicaciones de mensajería con eliminación automática de conversaciones y, una vez iniciadas las investigaciones, intentó justificar los pagos como préstamos personales e hizo firmar documentos de confidencialidad a algunos de sus colaboradores.
Las víctimas identificadas en el fallo son Luisa Fernanda Puerto Vela, Lina Marcela García Pinto, Nelsy Tirado Chacón, Sonia Astrid Blanco Reyes y Daniela Salazar Puerto. Según la sentencia, en algunos casos las exigencias económicas representaron casi la totalidad del salario que recibían los funcionarios.
Como medida de reparación, el alto tribunal ordenó indemnizaciones económicas para las víctimas, además de imponer a la excongresista una multa equivalente a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos.
Asimismo, la Corte le negó el beneficio de prisión domiciliaria y la suspensión condicional de la pena, por lo que deberá cumplir la condena en un establecimiento penitenciario. Adicionalmente, fue inhabilitada para ejercer cargos públicos por cerca de nueve años.
La decisión corresponde a un fallo de primera instancia y podrá ser apelada. Una vez exista un pronunciamiento definitivo, se determinará la ejecución de la condena y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario definirá el centro de reclusión correspondiente.
