En Colombia se aprueba la ley 172/23, crucial para el sector educativo.
Esta nueva normativa garantiza la gratuidad en la admisión y derechos de grado en universidades públicas, beneficiando a estudiantes de los grupos A, B y C del Sisbén IV, grupos étnicos, población campesina, víctimas del conflicto armado y discapacitados.
La iniciativa, apoyada por el Ministerio de Educación, busca facilitar el acceso a la educación superior, alineándose con las políticas de gratuidad.
