Ocho exintegrantes del Bloque Noroccidental de la extinta guerrilla de las Farc-EP rindieron versión colectiva ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entre el 11 y el 15 de agosto en Medellín, en el marco del Caso 10, que investiga los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado.
Durante cinco días de audiencias, los comparecientes reconocieron su participación en masacres, homicidios selectivos, tomas guerrilleras, desplazamientos forzados y atentados contra infraestructura pública y privada en Antioquia, Caldas y Córdoba. El proceso contó con la participación virtual de víctimas, quienes formularon preguntas en tiempo real a través de sus abogados, además de la Procuraduría como garante de sus derechos.
Reconocimientos y hechos revelados
Los exguerrilleros respondieron sobre 58 hechos victimizantes atribuidos a los frentes 9°, 18, 36, 47, Aurelio Rodríguez y el Frente Urbano Jacobo Arenas. Entre los eventos destacados mencionaron:
- Toma de Nariño (Antioquia), 1999, que dejó cerca de 17 muertos, entre ellos civiles y policías, además de graves daños en el hospital y el Banco Agrario.
- Ataque en Granada (Antioquia), 2000, con un carro bomba frente a la estación de Policía que causó la muerte de al menos 23 personas.
- Voladura del puente Danticas en San Rafael, 2003, que provocó la caída de una ambulancia al abismo y la muerte de tres personas.
- Atentado contra Colanta en Yarumal, 2003, mediante un explosivo oculto en una cantina de leche, que dejó víctimas mortales y heridos.
- Atentado contra Apuestas Echeverri en Medellín, 2000, con varias sedes afectadas y personas heridas.
Los comparecientes admitieron que muchas acciones fueron dirigidas contra la fuerza pública y grupos paramilitares, pero reconocieron el grave impacto sobre la población civil.
“Decir la verdad, aunque sea duro”
Los exintegrantes manifestaron su disposición a continuar aportando a la verdad y la reparación. “Vinimos con el compromiso de decir la verdad, aunque sea duro. Sé que es doloroso, difícil, pero esa fue la guerra que vivimos. Pedimos que nos dejen hacer acciones de reparación en los territorios donde hicimos la guerra”, señaló Jesús Mario Arenas, conocido como ‘Marcos Urbano’.
Entre las iniciativas de reparación mencionaron su participación en la búsqueda de personas desaparecidas con la Corporación Humanitaria Reencuentros y proyectos de memoria como el libro Cart(a)grafías de memoria: tejidos de reconciliación, que recoge intercambios epistolares entre jóvenes de Nariño y excombatientes.
Los comparecientes
Entre quienes asistieron a la diligencia se encuentran Luis Óscar Úsuga (‘Isaías Trujillo’ o ‘El viejo’), último comandante del Bloque Noroccidental; Jesús Mario Arenas Rojas (‘Marcos Urbano’); Jhover Man Sánchez (‘Manteco’ o ‘Rubén Cano’); Martín Cruz Vega (‘Rubín Morro’); Ovidio Antonio Mesa (‘Anderson’); Rodolfo Restrepo Ruiz (‘Víctor Tirado’); Pedro Baracutao García Ospina (‘Pedro Baracutao’) y Hernán Gutiérrez Villada (‘Gaddafi’).
Justicia restaurativa
La magistrada Marcela Giraldo Muñoz, quien presidió la diligencia, afirmó: “Estos espacios no buscan reabrir heridas, sino hacerlas visibles, conocer su alcance. Cada palabra y cada gesto tiene un valor compartido sobre verdad, justicia y reparación. Reiteramos la centralidad de las víctimas y el compromiso de lo establecido en el Acuerdo Final de Paz”.
Con estas versiones, la JEP avanza en el esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad que no son objeto de amnistía ni indulto, con el fin de garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición.
¿Qué sigue?
En los próximos meses, las víctimas podrán hacer observaciones a lo dicho por los
comparecientes de las Farc-EP ante la JEP. Luego, la Sala de Reconocimiento de Verdad
contrastará las versiones de los comparecientes, las observaciones de las víctimas, los
informes de la sociedad civil, los procesos de la justicia ordinaria, entre otros. De esta
manera avanzará la investigación judicial para decidir quiénes son los máximos
responsables de los crímenes más graves y representativos, así como los daños que
causaron a las víctimas, sus comunidades y sus territorios.
Estas versiones son reservadas para proteger la investigación, en especial, para garantizar
la seguridad de los sujetos procesales e intervinientes especiales. Es decir, para proteger
a las víctimas, comparecientes y otras personas que participan en el proceso judicial.
