El destino de más de 15.000 millones de pesos en regalías asignados para impulsar la innovación en las empresas agroindustriales del Atlántico quedó en entredicho tras los hallazgos de un informe de la Contraloría General de la República. Según una investigación publicada por la revista Cambio, la mayoría de los recursos terminó en compañías sin relación con el sector, entre ellas clínicas, ópticas, empresas de software, agencias de publicidad y negocios gastronómicos, lo que genera dudas sobre la transparencia y eficacia en la gestión de fondos públicos.
El programa, aprobado en 2019 por el OCAD de Ciencia y Tecnología del Atlántico, tenía como objetivo fortalecer las capacidades innovadoras de micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales mediante capacitación y la entrega de vouchers de hasta 40 millones de pesos. La Gobernación del Atlántico —entonces en cabeza de Elsa Noguera— ejecutó el proyecto a través de la Fundación Funcesi, operadora que recibió 14.385 millones entre diciembre de 2020 y febrero de 2023. La supervisión estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico, liderada por Miguel Vergara Cabello.
No obstante, la auditoría de la Contraloría identificó que 79 de las 82 empresas beneficiadas no pertenecían al sector agroindustrial según sus registros tributarios, incumpliendo requisitos esenciales como actividad económica, domicilio en el Atlántico y solvencia jurídica. Entre los casos mencionados por Cambio se encuentran la IPS Carhaz Óptical, el Centro Neurológico del Norte, Medical & Nutrition, Hypersoft.Co, Proteger Seguridad y empresas de publicidad como Branding Co, ninguna vinculada al sector objetivo del programa. Además, varias compañías no renovaron su matrícula mercantil para 2025 o tenían sedes fuera del departamento.
El informe también detalla que tres entidades beneficiarias estaban en liquidación o bajo medidas cautelares y que incluso dos empresas que sí cumplían con el perfil agroindustrial registraron una caída del 48% en su facturación entre 2023 y 2024, evidenciando un impacto nulo del proyecto. A ello se suma la falta de trazabilidad en el uso de los vouchers, la ausencia de documentos que permitan evaluar resultados y la negativa de la Gobernación y de Funcesi a responder a las observaciones del órgano de control.
Como consecuencia, la Contraloría configuró un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por más de 14.000 millones de pesos, abriendo la puerta a posibles investigaciones sobre el manejo de recursos públicos del programa de innovación agroindustrial en el Atlántico.
